En la última década, la industria de la comunicación a nivel mundial ha sido protagonista de numerosos cambios, los cuales también han tenido repercusiones en los negocios españoles, experimentando éstos un crecimiento espectacular a pesar de su no tan lejana herencia franquista. Dicha particularidad de los medios en España ha de ser tenida en cuenta cuando hablamos de la estructura informativa, ya que mientras en Europa se desarrollaba una importante industria comunicativa, la iniciativa privada en nuestro país era por el contrario, muy primitiva y humilde.
Teníamos ante sí, una débil estructura informativa, de carácter propagandístico, muy controlada y propia de un régimen dictatorial. Hay que esperar a la muerte de Franco para que comiencen a ponerse en marcha otras iniciativas mediáticas que constituirían el germen de grupos de comunicación posteriores. Publicaciones emblemáticas como El País o Interviú, en las décadas de los ´70 y ´80, proliferan diversas cadenas de radio y se llega a la concesión de tres licencias de televisión privada, una de las cuales es de pago. Estas primeras iniciativas supusieron los primeros síntomas del panorama mediático, que fueron conformando una maraña de negocios en expansión que estaban en manos de unas empresas que hasta hacía poco habían sido simples editoriales o periódicos familiares de gran tradición.
Es un hecho cierto que en la década de los ´80 se gestan todas las condiciones para poner en marcha la TV privada, y que la descentralización de la televisión gracias a los canales autonómicos contribuyó a crear un clima favorable a ello. De esta forma, en la primavera de 1988 fue aprobada la Ley de Televisión Privada en el Congreso de los Diputados, la cual contemplaba la puesta en marcha de tres canales que serían concedidos por el gobierno socialista mediante concurso público y por un tiempo limitado. Aunque distaban mucho de los grupos de comunicación mundiales, las empresas españolas del sector se apoyarán rápidamente en unas medidas legislativas cada vez más permisivas con su expansión. La nueva ley establecía por ejemplo, que las concesiones para explotar y gestionar canales de televisión se otorgaban por un plazo de 10 años renovables sucesivamente por periodos iguales. También se refería a las cuotas de publicidad, que establecían un límite no superior al 10% del total de las horas de programación anual. Además, un accionista podía tener como máximo un 25% de participación en una cadena privada, lo que hacía que fueron al menos cuatro los dueños de la televisión en cuestión, garantizando en cierta medida un moderado grado de pluralismo.
Teníamos ante sí, una débil estructura informativa, de carácter propagandístico, muy controlada y propia de un régimen dictatorial. Hay que esperar a la muerte de Franco para que comiencen a ponerse en marcha otras iniciativas mediáticas que constituirían el germen de grupos de comunicación posteriores. Publicaciones emblemáticas como El País o Interviú, en las décadas de los ´70 y ´80, proliferan diversas cadenas de radio y se llega a la concesión de tres licencias de televisión privada, una de las cuales es de pago. Estas primeras iniciativas supusieron los primeros síntomas del panorama mediático, que fueron conformando una maraña de negocios en expansión que estaban en manos de unas empresas que hasta hacía poco habían sido simples editoriales o periódicos familiares de gran tradición.
Es un hecho cierto que en la década de los ´80 se gestan todas las condiciones para poner en marcha la TV privada, y que la descentralización de la televisión gracias a los canales autonómicos contribuyó a crear un clima favorable a ello. De esta forma, en la primavera de 1988 fue aprobada la Ley de Televisión Privada en el Congreso de los Diputados, la cual contemplaba la puesta en marcha de tres canales que serían concedidos por el gobierno socialista mediante concurso público y por un tiempo limitado. Aunque distaban mucho de los grupos de comunicación mundiales, las empresas españolas del sector se apoyarán rápidamente en unas medidas legislativas cada vez más permisivas con su expansión. La nueva ley establecía por ejemplo, que las concesiones para explotar y gestionar canales de televisión se otorgaban por un plazo de 10 años renovables sucesivamente por periodos iguales. También se refería a las cuotas de publicidad, que establecían un límite no superior al 10% del total de las horas de programación anual. Además, un accionista podía tener como máximo un 25% de participación en una cadena privada, lo que hacía que fueron al menos cuatro los dueños de la televisión en cuestión, garantizando en cierta medida un moderado grado de pluralismo.
La Ley de Televisión Privada fue modificada por primera vez en 1998, coincidiendo con un momento en el que Antena 3 atravesaba una situación complicada. La ampliación del porcentaje máximo se amplió a un 49% para un solo accionista. Años más tarde, en 2002, se vuelve a producir otra modificación que permitía la ampliación de los límites sobre la propiedad hasta un cien por cien y que por tanto, permitía a un único accionista ser el dueño absoluto de una cadena de titularidad privada en España. Esta segunda reforma legal supuso un paso más en la desregulación del negocio audiovisual en nuestro país, ya que ampliaba las posibilidades de concentración de medios para los grandes accionistas. Con esta medida, Silvio Berlusconi pudo realizar una ampliación de capital en Tele 5, una vez que conoció que era posible llegar hasta el 100% de participación en una cadena. Mediaset, la empresa del Primer Ministro italiano había estado presente desde sus inicios, en esta cadena privada y poco a poco fue incrementando su participación en ella.
Ya más recientemente, a finales de 2005, el gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero anunció la tramitación de una nueva Ley General Audiovisual, en la que se consideraba que un accionista no podría participar en más de una televisión si superaba el 5% del capital en una cadena. Esta restricción es aplicable para licencias de igual ámbito de cobertura, por lo que tampoco supone una excesiva preocupación por la concentración mediática.
Ya más recientemente, a finales de 2005, el gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero anunció la tramitación de una nueva Ley General Audiovisual, en la que se consideraba que un accionista no podría participar en más de una televisión si superaba el 5% del capital en una cadena. Esta restricción es aplicable para licencias de igual ámbito de cobertura, por lo que tampoco supone una excesiva preocupación por la concentración mediática.
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